La violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades públicas en Venezuela es un hecho que se viene constatando desde hace más de veinte años, y no solamente por los miles de víctimas, exiliados, refugiados políticos, periodistas u organizaciones de defensa de los derechos humanos sino también por las más altas instancias internacionales, cuyas recomendaciones e informes generalmente son ignoradas por las instancias oficiales venezolanas.
El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el 4 de julio de 2019 instó al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
La principal conclusión del informe es que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
Este informe, dirigido por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, constató que entre enero de 2018 y mayo de 2019 se produjeron en Venezuela las siguientes violaciones de derechos fundamentales:
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Militarización de las instituciones del Estado durante la última década.
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Detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares. Hasta el 31 de mayo de 2019 había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, habían sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
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Violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas.
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Uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
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Creación de grupos armados civiles progubernamentales (colectivos) para imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. El informe documenta 66 muertes durante las protestas de enero a mayo de 2019.
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Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES) ha sido muy elevada. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
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La mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada. Según el informe, “son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”.
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En cuanto a la libertad de expresión, el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes.
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El Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria, lo que ha producido una grave escasez de alimentos y una situación sanitaria insostenible (de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros).
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Las violaciones también afectan a los derechos (costumbres, acceso a tierras, etc) y a la situación humanitaria de la población indígena, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar.
El informe concluye con la afirmación de Bachelet de que “todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”.
No se trata de política, sino del sufrimiento de las personas, por eso debemos actuar.
