#HoraDeLaAcción

Reclamación Patrimonial conjunta contra el Estado por sus responsabilidades en la gestión de la crisis del COVID-19

La emergencia sanitaria y de salud pública derivada del virus pandémico COVID-19 – finalmente reconocida por el gobierno tras el Estado de Alarma decretado a mediados de marzo de 2020 – ha generado una crisis sin parangón en nuestra historia reciente. Las cifras de enfermos y fallecidos aumentan drásticamente cada día y algunos estudios científicos (basados en proyecciones) estiman que para inicios de abril de 2020 se habrán acumulado en España cerca de 40.000 fallecidos a causa directa de la enfermedad.

Esta denuncia la haremos a través de nuestro DEPARTAMENTO JURÍDICO

Antecedentes

Según datos de la Johns Hopkins CSSE (ver gráfico y artículo), a mediados de abril de 2020 (un mes después de decretado el estado de Alarma) España es el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes (350 fallecidos x millón).

Las lesiones, su proceso de curación, la incapacidad y las eventuales secuelas de muchos de los enfermos recuperados están produciendo y pueden producir –consideraciones personales y humanitarias aparte – un desorbitado coste para el Estado.

Las pérdidas económicas para todo nuestro entramado empresarial (autónomos, empresas, profesiones liberales, etc) serán previsiblemente enormes y con un impacto directo en la destrucción de empleo y perdida de tejido empresarial. El impacto indirecto en nuestras libertades y derechos constitucionales básicos (educación – miles de niños y jóvenes sin asistir al colegio o universidad – libertades públicas: reunión, desplazamiento, etc) es también de una envergadura y trascendencia que aún está por cuantificar.

La cuestionable actitud del gobierno y sus instancias al gestionar esta crisis, su lentitud en reaccionar cuando la gravedad de la emergencia era conocida (informe del CSIC de enero 2020 y había sido desaconsejada por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades el 2 de marzoinforme del Jefe de la Policía – Ministerio del Interior de 26 de febrero, etc), su inoperancia al actuar (desabastecimiento de equipos básicos de protección, descoordinación territorial, compras defectuosas a proveedores extranjeros, etc) y su irresponsabilidad al rendir cuentas (ruedas de prensa teledirigidas, violaciones reiteradas y flagrantes de la cuarentena por miembros del equipo de gobierno, etc) justifica un movimiento cívico – impulsado desde la sociedad civil que es la principal víctima de esta catástrofe – que reclame responsabilidades que procedan.

 

La acumulación diaria de noticias, incluido un alto número de “fake news” (acusatorios o exculpatorios), hace muy difícil valorar en este momento la envergadura y gravedad de la ineficaz gestión del gobierno a juzgar por los resultados: una rápida comparativa entre indicadores de diversos países[1] que sufren la pandemia sitúa a España en los primeros puestos de sanitarios contagiados, porcentaje de víctimas o incluso en números absolutos de fallecidos[2].

Sin embargo, y con la información oficial hasta la fecha confirmada por el propio gobierno, se constata que la gestión de la crisis está siendo pésima. Cuestión aparte será dilucidar cuanto de esa mala gestión se debe a dolo (si se acreditase que el gobierno conocía la gravedad del virus y, a pesar de todo, actuó o dejó de hacerlo con la diligencia debida) y cuanto a mera impericia, imprudencia o incapacidad para abordar un problema de salud pública de esta magnitud.

El 31 de marzo de 2020 se presentó una demanda por Prevaricación administrativa y lesiones imprudentes ante el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, pero nuestra iniciativa no tiene por objeto incidir en la búsqueda de responsabilidades penales o políticas por el mayor o menor acierto por parte del gobierno en la toma de decisiones durante esta crisis, sino en poner todos los medios de los que disponemos para paliar y reparar los graves perjuicios económicos que se han generado no solamente a personas físicas afectadas por el COVID19 sino también para las pymes y autónomos, el verdadero tejido productivo que sostiene la economía nacional.

[1] Para una comparativa cronológica de la evolución de la pandemia por países, muy interesante la tabla de seguimiento elaborada por el Financial Times en https://www.ft.com/coronavirus-latest?fbclid=IwAR0nu_ujlZ3xzGdT6RgzCrrqQBU760YDXKF517E9AGf8TnXEcfMsza-uaW0

[2]  España es el segundo país del mundo en número de muertos por coronavirus (más de 4.000) y cuarto en número de contagios (56.188). Fuente: El Mundo, jueves 26 de marzo 18:42 horas

¿Por qué es necesaria una reclamación patrimonial al Estado?

Los hitos de una reclamación patrimonial contra el Estado y/o, Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, con motivo de las decisiones adoptadas y su incidencia en la esfera personal de los ciudadanos y económica y patrimonial de los ciudadanos y las empresas, se puede instrumentar mediante una reclamación conjunta a través de nuestra PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA EL COVID-19.

Nuestra plataforma arbitrará una reclamación patrimonial en vía administrativa en el plazo de un año desde la causación de los daños y estabilización de los perjuicios ocasionados. La decisión que adoptase la administración (expresa o presunta) sería recurrible en vía contencioso administrativa en el plazo de dos meses, en el caso de desestimación expresa, o de seis meses, en caso de desestimación presunta.

La reclamación patrimonial requiere determinar claramente el nexo causal (acción u omisión de la administración causante de un daño que el administrado no tenga la obligación de soportar) y la acreditación individualizada de los daños causados.

La reclamación a través de una plataforma supone un esfuerzo común, un abaratamiento de costes y una misma línea estratégica por cada grupo de reclamantes que puede asegurar con mucha más garantía el resultado.

Nuestra reclamación patrimonial se centrará principalmente en estos tres grupos de afectados:

  • Autónomos: merma económica, lucro cesante, etc

  • Pymes: bajas laborales, ERTES, despidos, rotura de stock, pérdida de cuota de mercado, disminución de pedidos/consumo, etc.

  • Familiares de fallecidos o damnificados: lesiones, procesos curativos, incapacidad, imposibilidad de seguir ciertos tratamientos, secuelas

Para llevar a cabo la reclamación patrimonial, nos personaremos en las causas abiertas para asegurar su buen fin y ejercitar una demanda colectiva de responsabilidad patrimonial en defensa de los afectados contra la Administración General del Estado y, en su caso, contra aquellas Comunidades Autónomas que puedan haber coadyuvado a los daños y perjuicios causados, algunos de ellos de daños ellos irreparables, con pérdidas de miles de vidas humanas.

Y lo haremos con un objetivo: que todas las indemnizaciones económicas a las que la administración tenga que hacer frente sean repercutidas a las autoridades y personal a su servicio que con su dolo, culpa o negligencia resulten responsables.

Nos aseguraremos que de una vez por todas se aplique una de las previsiones legales que presiden nuestro régimen jurídico administrativo y que hoy recoge el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público para que la reparación de los daños y perjuicios derivados de la gestión de la crisis que nos asola, no recaiga una vez más sobre el erario público dejando indemnes a sus verdaderos responsables.

Como siempre, HAC del lado de los ciudadanos.

¿Cómo vamos a hacerlo?

Los hitos de una reclamación patrimonial contra el Estado y/o, Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, con motivo de las decisiones adoptadas y su incidencia en la esfera personal de los ciudadanos y económica y patrimonial de los ciudadanos y las empresas, se puede instrumentar mediante una reclamación conjunta a través de nuestra PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA EL COVID-19.

Nuestra plataforma arbitrará una reclamación patrimonial en vía administrativa en el plazo de un año desde la causación de los daños y estabilización de los perjuicios ocasionados. La decisión que adoptase la administración (expresa o presunta) sería recurrible en vía contencioso administrativa en el plazo de dos meses, en el caso de desestimación expresa, o de seis meses, en caso de desestimación presunta.

La reclamación patrimonial requiere determinar claramente el nexo causal (acción u omisión de la administración causante de un daño que el administrado no tenga la obligación de soportar) y la acreditación individualizada de los daños causados.

La reclamación a través de una plataforma supone un esfuerzo común, un abaratamiento de costes y una misma línea estratégica por cada grupo de reclamantes que puede asegurar con mucha más garantía el resultado.

Nuestra reclamación patrimonial se centrará principalmente en estos tres grupos de afectados:

  • Autónomos: merma económica, lucro cesante, etc

  • Pymes: bajas laborales, ERTES, despidos, rotura de stock, pérdida de cuota de mercado, disminución de pedidos/consumo, etc.

  • Familiares de fallecidos o damnificados: lesiones, procesos curativos, incapacidad, imposibilidad de seguir ciertos tratamientos, secuelas

Para llevar a cabo la reclamación patrimonial, nos personaremos en las causas abiertas para asegurar su buen fin y ejercitar una demanda colectiva de responsabilidad patrimonial en defensa de los afectados contra la Administración General del Estado y, en su caso, contra aquellas Comunidades Autónomas que puedan haber coadyuvado a los daños y perjuicios causados, algunos de ellos de daños ellos irreparables, con pérdidas de miles de vidas humanas.

Y lo haremos con un objetivo: que todas las indemnizaciones económicas a las que la administración tenga que hacer frente sean repercutidas a las autoridades y personal a su servicio que con su dolo, culpa o negligencia resulten responsables.

Nos aseguraremos que de una vez por todas se aplique una de las previsiones legales que presiden nuestro régimen jurídico administrativo y que hoy recoge el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Publico para que la reparación de los daños y perjuicios derivados de la gestión de la crisis que nos asola, no recaiga una vez más sobre el erario público dejando indemnes a sus verdaderos responsables.

Como siempre, HAC del lado de los ciudadanos.

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